Diputados, complices del PJE

Punto de Vista/Por Filiberto Vargas Rodríguez.

Prefacio.

Este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la conclusión del contrato de abastecimiento para la planta petroquímica Etileno XXI, perteneciente a la empresa Braskem-Idesa, filial de la constructora brasileña Odebrecht. *** “Me informaron que habían notificado a la empresa (del vencimiento del acuerdo), porque no se está corrigiendo el contrato leonino que se suscribió desde el tiempo de (Felipe) Calderón, que es contrario a la hacienda pública. Es un contrato con Odebrecht, esta empresa que es famosa por las extorsiones y por la corrupción”, dijo López Obrador. *** El Presidente explicó que el contrato llegó a su fin y no será renovado, por lo que no debe haber represalias ni penas contra su gobierno: “Entonces, ya no hay gas natural para la empresa, porque se venció el contrato. No se interrumpió, sino que llegó a su fecha límite y ya no se va a renovar”. *** La empresa Braskem explicó que desde el 30 de noviembre se le notificó la negativa para renovar el contrato para el transporte de gas natural, por lo que al día siguiente bloqueó el ingreso de gas. *** Añadió que dicha situación ha causado la suspensión total de los procesos de la planta, con las consecuentes repercusiones para la planta Etileno XXI, sus clientes, proveedores y empleados, y “también para los cientos de negocios que dependen de la cadena de valor, afectando a la petroquímica nacional y la economía en su conjunto”. *** Esta medida tendrá, además un impacto adicional, con la pérdida de empleos para el sur de Veracruz.

“Por eso es muy importante que exista división y equilibrio de poderes, no sólo en lo federal, sino también los estados, porque si el gobernador es el que controla el Congreso pues ya tiene dos poderes, y si controla también al Tribunal Superior de Justicia ya tiene tres. Entonces, el poder de los poderes es el gobernador”.

Lo dijo apenas el pasado lunes, en su conferencia de prensa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En las denuncias que han sido presentadas por las irregularidades detectadas en la conformación y contratación de las Asociaciones Público Privadas para la construcción de las Ciudades Judiciales, se hace especial mención al papel que jugaron en su momento varios de los diputados que integraron la LXIV Legislatura, quienes –según el documento entregado a la Fiscalía General del Estado- omitieron ejercer sus atribuciones de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el reglamento interior y las leyes del estado.

La denuncia señala que se detectaron inconsistencias e ilegalidades en la emisión de los dictámenes que autorizaban al Poder Judicial a contratar mediante el esquema de Asociaciones Público Privadas, a empresas que realizaran la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de 21 Ciudades Judiciales, pues se identificó falsedad en su contenido, ya que carecían del expediente técnico y la dictaminación que demostrara la viabilidad técnica, económica, financiera y social de los proyectos.

Al presentar al Congreso del Estado la solicitud de autorización, al elaborar las licitaciones públicas y al formalizar los respectivos contratos, el Poder Judicial transgredió las normas, por lo que incurrió en actos ilegales, pues no contaba con documentos que avalaran la viabilidad de realizar contratos mediante la modalidad de Asociaciones Público Privadas de las Ciudades Judiciales.

Los diputados que integraban en ese entonces las comisiones legislativas de Justicia y Puntos Constitucionales, de Procuración de Justicia y de Hacienda del Estado, fueron, pues, responsables en buena medida de estas irregularidades.

Entre ellos figuran Bingen Remetería Molina (hoy aspirante a la alcaldía del puerto de Veracruz), el priista Carlos Antonio Morales Guevara (quien falló en su intento de reelegirse como diputado), el panista Gregorio Murillo Uscanga; Juan Manuel Castillo González (en la actualidad tratando de resolver sus problemas con la Justicia), María Josefina Gamboa Torales (otra que aspira a la alcaldía de Veracruz), Zenyazen Roberto Escobar García (actual secretario de Educación en el Estado), y Daniela Griego Ceballos (hoy directora del Instituto de Pensiones del Estado).

Este miércoles el periódico Imagen de Veracruz presentó una entrevista con el doctor Tomás Mundo Arriasa (quien encabeza al equipo de abogados que está presentando las denuncias penales por las irregularidades cometidas en la construccioón de las Ciudades Judiciales) y ahí el jurista anuncia que buscará que sean sancionados los diputados que aprobaron esos proyectos, pero –además- a las cinco empresas que participaron, pues Veracruz es uno de los siete estados del país que contemplan la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Explicó que en la licitación participaron cinco empresas, y aunque una fue la que ganó, a las otras cuatro se les invitó a participar. Lo grave de todo ello, es que ninguna de ellas estaba registrada en el padrón de proveedores y a pesar de ello les autorizaron contratos por más de 5 mil millones de pesos.

Hasta el momento han sido presentadas dos denuncias y faltan otras dos.

Copia de todas estas actuaciones están llegando al más alto nivel en la Ciudad de México, desde donde siguen muy de cerca la actuación de los órganos encargados de procurar y de impartir justicia en Veracruz.

Muy pronto habrá noticias.

Epílogo.

Ya están en marcha las denuncias contra los más altos directivos de la Procuraduría del Medio Ambiente del Estado, por las inconsistencias detectadas en la Cuenta Pública del 2019, pero además por señalamientos de corrupción por parte de empresas que han sido afectadas. *** “El tema de las obras realizadas por la Procuraduria del Medio Ambiente tiene mucha tela de donde cortar. Se contrataron sin proyecto, los precios exageradamente altos, los trabajos a precio de Conagua pero sin ejecutar. Todo irregular. Checa las empresas”, se puede leer en una misiva enviada a quien esto escribe. No, no lo vamos a soltar. *** La cifra oficial de contagios acumulados de Covid-19 en México ascendió este miércoles a un millón 133 mil 613 mientras que el número de decesos pasó a 107 mil 565. La Secretaría de Salud registró 800 nuevos fallecimientos y 11 mil 251 nuevos contagios reportados al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. *** En el día 186 de la llamada “nueva normalidad” Christian Arturo Zaragoza, director de Información Epidemiológica, dijo que desde el inicio de la epidemia en México se han analizado mediante una prueba de diagnóstico PCR a 2 millones 919 mil 879 personas con un porcentaje actual de 45% de positividad. *** Por favor, no le haga caso al Presidente, procure no salir, y si tiene que hacerlo, lleve puesto siempre su cubrebocas.

filivargas@gmail.com