La petición de abrir los videos del juicio a Javier Duarte llega a la Suprema Corte

  • Jueces federales se han negado a entregar copias de los videos, pese a que las audiencias de Duarte, como todas las del nuevo sistema penal, son por definición públicas.

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza si atrae la petición hecha por una organización no gubernamental para que se transparenten los videos de las audiencias que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, enfrentó como parte de un proceso federal por lavado de dinero y asociación delictuosa, y que concluyó con una condena en su contra de nueve años de prisión.

Lo anterior luego de que jueces federales se han negado a entregar copias de dichos videos pese a que las audiencias del caso Duarte, como todas las del nuevo sistema penal, son por definición públicas.

Si la Corte determina atraerlo y en su caso favorece la petición, podría fijar un criterio para que los videos de cualquier audiencia puedan ser transparentados y, por ende, que cualquier persona pueda verlos sin necesidad de estar presente en la misma o ser una de las partes involucradas.

La petición de los videos fue presentada por la organización TOJIL: ESTRATEGIA CONTRA LA IMPUNIDAD, que además denunció penalmente a los funcionarios de la PGR (hoy Fiscalía General de la República) que estuvieron a cargo del proceso de Duarte, al advertir que podría existir corrupción en la negociación del caso que le permitió al exgobernador obtener una pena reducida.

Hace unos días, un juez amparó a dicha organización y les reconoció su calidad de víctimas en dicha denuncia, con lo cual podrán participar en las investigaciones.

En ese contexto, los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizan la solicitud de la organización de entregar los videos para determinar, primero, si el caso es de relevancia para que el máximo tribunal lo aborde, y de ser el caso quien procedería al estudio de fondo del mismo.

Cabe señalar que además del caso Duarte, TOJIL también promovió ante la Corte la atracción de otra solicitud en la que se pide la expedición de copias de video de distintas audiencias relacionadas con casos de feminicidio, violencia familiar ente otros, algo que jueces de Ciudad de México han negado.

Batalla por la transparencia
El 31 de agosto y el 28 de septiembre de 2018 la organización TOJIL presentó dos solicitudes ante el juez de Control del Reclusorio Preventivo Norte (donde hoy permanece preso el exgobernador de Veracruz) para que se expidieran copias en audio y video de todas las audiencias en las que estaba en calidad de imputado Javier Duarte.

En ambos casos el juez requirió a las abogadas de la organización que acreditaran que fueron parte del proceso para darle acceso a los mismos. Las litigantes respondieron que no fueron parte, pero que solicitaban los videos en calidad de un tercero que, como cualquier ciudadano, tiene derecho a la publicidad de esta y de cualquier otra audiencia.

Sin embargo, el juez determinó que no era procedente entregar copia de dichos videos, bajo el argumento de que el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales solo contempla la expedición de copias “a las partes”.

Ante ello la organización promovió dos demandas de amparo ante jueces federales. Uno de ellos quiso desechar de inicio la demanda al considerar que la organización no tenía legitimidad para promoverlo, sin embargo un Tribunal federal revolcó la decisión.

Pero en abril de este año los jueces concluyeron que no era procedente conceder los amparos a la organización bajo el mismo argumento esgrimido por el juez del Reclusorio Norte: que de acuerdo al Código Nacional la organización civil y por lo tanto no se pueden expedir copias de los videos.

Derivado de lo anterior la ONG interpuso un nuevo recurso de revisión que ya fue admitido en tribunales colegiados, sin embargo, el pasado 23 de mayo la apoderada legal de la organización, Estefanía Medina, presentó los escritos ante la Suprema Corte para solicitar que sea esta la que se encargue de revisar el caso.

 

Con información de Animal Político.
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