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Las faltas graves de Winckler

Punto de Vista/Por Filiberto Vargas Rodríguez.

Prefacio.

Quedan dos semanas de este, el primer período ordinario de sesiones en la Legislatura local, y hay temas que siguen “cocinándose”. *** El gobernador Cuitláhuac García aún no envía al Congreso sus propuestas para ocupar las 13 plazas disponibles de magistrados. La decisión de hacer una invitación abierta a los aspirantes va a generar más conflictos de los que ya se esperaban con esa decisión. Aquellos que no resulten elegidos podrán inconformarse y exigir que se les dé una explicación satisfactoria de las razones para no incluirlos. *** Otro tema que sigue en espera del “mejor momento” para su solución, es la denuncia del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), de que en la Cuenta Pública 2017 los integrantes del Comité de Vigilancia de la LXIV Legislatura dieron por “solventadas” irregularidades que el Orfis había detectado en diversos entes fiscalizables. *** Todos los que integraron esa Comisión, desde su Presidente, el panista Juan Manuel de Unanue, hasta los legisladores de Morena, deberán explicar cuál fue su participación en esa oscura transacción. *** El Comité de Participación Ciudadana del SEA está pidiendo que se reabra el informe sobre la Cuenta Pública 2017 y se explique con qué fundamento jurídico fueron borrados presuntos daños patrimoniales que sumarían más de 328 millones de pesos. *** A algunos de los involucrados se les puede acabar la carrera política si se escarba a fondo en ese turbio caso.

  * * *

Fue el pasado pasado jueves 8 de enero. En el sonido local del Salón de Plenos del Palacio Legislativo, se escuchó:

“… con base en lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley Reglamentaria, artículo 84 de la Constitución Política de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia de refomas constitucionales parciales, (este Congreso) declara aprobado el Decreto por el que se adiciona una fracción, que será la XLIV, con el corrimiento de la actual fracción XLIV a XLV, al artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Veracruz (…)”.

Con esa declaración, emitida por el diputado Alexis Sánchez García, vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, se concluyó el afaire que inició la bancada del PAN para tratar de retrasar lo inevitable: la inclusión de la herramienta jurídica que le permitirá a los diputados de Veracruz retirarle el cargo al aún fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz.

La nueva fracción XLIV del artículo 33 de la Constitución local, que establece las atribuciones de los diputados, dirá: “designar y remover al Fiscal General del Estado, de conformidad con lo previsto en el artículo 67 fracción I inciso d) de esta Constitución”.

El artículo 67 se refiere a los organismos autónomos; la fracción I trata de la Fiscalía General del Estado y el inciso d) establece que el Fiscal General “será designado y removido por el Congreso del Estado”.

El cuarto párrafo de la fracción 5 de ese inciso d) establece: “El Fiscal General podrá ser removido por el Congreso por las causas graves que establezca la ley, y por el mismo procedimiento de votación establecido para su designación”.

Una vez que se declaró aprobada la reforma parcial a la Constitución, el diputado Presidente dispuso: “en términos de la Ley, túrnese al titular del Poder Ejecutivo del Estado, el decreto correspondiente para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado”.

Hasta el pasado viernes, el Poder Ejecutivo no había cubierto estos últimos requisitos. La razón pudiera ser la suspensión provisional que le fue otorgada a Jorge Winckler por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz.

Las audiencias para la revisión de esta solicitud de amparo (la incidental y la constitucional) fueron diferidas para la mañana del viernes 18 de enero, por lo que la remoción del fiscal no se dará en la sesión ordinaria del Congreso prevista para el jueves 17 de enero, toda vez que se estaría incurriendo en un desacato.

El área jurídica del Congreso tiene suficientes argumentos para echar por tierra la solicitud de amparo; entre otros, lo que establece la Ley de Amparo en su artículo 61: “El juicio de amparo es improcedente (…) VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente”.

El alegato de Jorge Winckler para tratar de evitar que lo retiren del cargo, menciona que esta reforma lo deja “en un estado de indefensión”, pues argumenta que no se señala cuál es la ley que establece las causas graves y tampoco considera un procedimiento para responder a las supuestas causas graves que se le imputen.

Jorge Winckler está equivocado. Sus asesores no le mencionaron que existe una Ley General (esto es, que es de observancia general en toda la República) de Responsabilidades Administrativas, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.

El Capítulo II de dicha Ley establece como “faltas administrativas graves”, en los artículos del 52 al 64, el cohecho, el peculado, el desvío de recursos públicos, la utilización indebida de información, el abuso de funciones, la actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y obstrucción de la justicia.

El grueso expediente que ha integrado el gobierno estatal en contra de Jorge Winckler configura varias de estas faltas y serán las mismas que, además de provocar su remoción, darán pie a denuncias de carácter penal.

 * * *

Epílogo.

Y a partir de que se va viendo más cerca la caída de Jorge Winckler Ortiz (y, en consecuencia, habrán de ser removidos el Fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres, y el especializado en personas desaparecidas, y los fiscales regionales) se empiezan a manejar nombres de juristas con amplia trayectoria, con hojas impecables, que con seguridad habrían de rendir mejores frutos en algunas de esas áreas. *** A Santiago Ceballos de la Cruz, no lo pierda de vista. Actualmente realiza una labor estratégica para la PGR en el estado de Oaxaca, pero es veracruzano y quiere volver a su terruño. Llega muy bien recomendado desde la capital del país y Cuitláhuac García está considerando ubicarlo en una de esas posiciones de la procuración de justicia que quedarán vacantes. *** Ya se había anticipado: La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) presentará denuncia por las irregularidades detectadas en la implementación del Sistema Estatal de Videovigilancia, que realizó la pasada administración. El secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, informó que tan sólo en la primera fase de la revisión del proceso de Entrega-Recepción, se detectó que operan -y con deficiencias- apenas el 34 por ciento de las cámaras.

 

filivargas@gmail.com

URL: http://www.noticiasperfil.com/index/?p=40058

Escrito por en Ene 14 2019. Archivado bajo Opinión, Punto de Vista. Puedes seguir las respuestas a esta entrada por el RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta o trackback a esta entrada

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27 Mayo 2019.-Muchos dirán que es muy temprano, pero diremos que la política municipal en Hueyapan de Ocampo, se adelantó y precisamente en esta típica población cañera, en donde en la actualidad es un reducto el Partido de Morena, existe ya una amplia lista de “Suspirantes” a suceder al munícipe Jorge Quinto Zamorano y entre los enlistados está el actual Director de Agricultura en la entidad, Nicolás Cazarín Marcial, quien es un personaje respetado allá en su “Cubarrubias” y desde hace varios años ha dado muestras de gobernar a su pueblo, otra figura que no ven mal varios grupos políticos de esta demarcación, es al joven Irán Arévalo Rodríguez, quien en la actualidad labora en el Congreso del Estado, Irán es una figura fresca y pertenece a la nueva camada de jóvenes políticos de esta localidad y nada tiene que ver con el pasado oscuro de la “politeria de Hueyapan ”. En otro orden de ideas diremos que anda muy movido el empresario Ángel Franyuti Baca, quien en abierto se le ve en las áreas rurales y urbanas, fomentando las amistades que logro cuando fungió como Sindico, es más desde ahora muchos amigos de Franyuti, comentan que este protagonista se iría vía independiente o bien por el nuevo partido “Podemos”, en el largo repertorio de los pretendientes a la municipal, también anda acelerado, Luis Barragán Ríos, quien respaldado por su Tío, el Diputado Federal Eulalio Ríos Fararoni, tratara a toda costa en que su pariente lo convierta en “Prietito” y así pueda colarse en Morena y de esta forma tener derecho a buscarla por esta opción, pero esto no es todo aparece también el nombre de José María Díaz, quien un grupo de amigos y compañeros de trabajo del ayuntamiento, lo están animando para que empiece a operar para el proyecto municipal, otro que también sueña con gobernar a su terruño es el doctor Pedro Castillo, quien con un grupo de compañeros médicos y enfermeras cotidianamente organiza brigadas médicas, visitando comunidades y poblaciones de su municipio, la relación de los postulantes a la futura municipal es muy rica y sera obvio que a lo largo del año surjan nuevos nombres que enriquecerán la política de Hueyapan de Ocampo, pero hasta ahora estos son los primeros suspirantes
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