La disyuntiva de los jueces

Punto de Vista/Por Filiberto Vargas Rodriguez.

Prefacio.

¡Qué bueno que lo aclaró el gobernador Cuitláhuac García! *** No tiene nada personal en contra de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra; tampoco es que la haya acusado de mentirosa, pues sólo sugirió que “quizá personal de abajo”, no la está informando bien y, por supuesto, acatará el llamado (en cuanto se lo hagan, si se lo hacen) para comparecer en el Senado de la República. *** Retomando el discurso que a él mismo le aplica con frecuencia el presidente López Obrador, el gobernador de Veracruz se refirió a la titular de la CNDH como “una mujer honesta” y que “hace su trabajo lo mejor que puede”, pero insistió en calificar de “mentiras” los señalamientos que aparecen en las recomendaciones que ha recibido, en el sentido de que los cuerpos policiacos de la entidad han incurrido en actos de tortura. *** Ya reculó el gobernador, y no permitió que los reporteros le atribuyeran a él expresiones como que “la CNDH defiende a los delincuentes”. Lo que hay, dijo es “diferencias de criterios” y por ello su gobierno no ha estado de acuerdo con algunas recomendaciones. *** Pero en Veracruz tenemos a un gobernador que, además de “honesto” es valiente, que no le teme a los retos y ya dijo que, si lo llaman al Senado, allá estará: “con gusto voy al Senado, el que nada debe, nada teme; pero tampoco le voy a dar el gusto a nuestros opositores”. *** ¿Quién dijo que este tema se estaba politizando?

El juez Florencio Hernández había sido señalado -no una, ni dos, sino muchísimas veces- de cierta “proclividad” para dejar en libertad a personas imputadas por la Fiscalía.

Desde su paso por los distritos judiciales de Coatepec, Córdoba y Orizaba, hasta su más reciente designación en Coatzacoalcos, se presentaron numerosas denuncias en su contra que, sin embargo, no prosperaron.

Y la razón fue simple: nunca pudieron comprobarle que hubiera incurrido en un acto de corrupción, y los criterios emitidos en sus determinaciones tenían sólido sustento jurídico.

Apenas el jueves 23 de febrero del presente año -ya con la magistrada morenista Aurelia Jiménez al frente del Poder Judicial- Florencio Hernández fue suspendido de sus funciones, “con el objeto de garantizar una adecuada investigación de posibles infracciones a los principios que rigen la función jurisdiccional”, según se explicó en un comunicado.

En múltiples ocasiones el gobernador de Veracruz, desde su púlpito en palacio de gobierno, ha puesto en duda la honradez de los jueces, pero nunca, en ningún caso, ha “sugerido” la posibilidad de que la liberación de un imputado sea responsabilidad de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En este mismo espacio se ha denunciado la actuación de jueces “de consigna”, esto es, que emiten resoluciones a partir de las instrucciones que les giran desde palacio de gobierno, con la anuencia del Tribunal Superior de Justicia.

Al viejo estilo de “plata o plomo”, a los jueces de control los colocan en la disyuntiva: o colaboran con el gobierno y como recompensa se les promueve a una magistratura, o rechazan el acuerdo y entonces, como en el caso de Florencio Hernández, se les “arma” una carpeta que les truncará su carrera y hasta en la cárcel podrían parar.

Este jueves, elementos de la Policía Ministerial detuvieron al juez Florencio Hernández, en Xalapa, en las instalaciones del Poder Judicial del Estado. Le informaron que tenían una orden de aprehensión en su contra.

Lo raro -e irregular- del caso, es que Florencio Hernández había obtenido la protección de la justicia federal, hace apenas un par de semanas, por lo que el Consejo de la Judicatura estaba obligado a reinstalarlo en su cargo.

Ni el Poder Judicial del Estado, ni la Fiscalía, tienen elementos de prueba para señalar a Florencio Hernández de incurrir en actos de corrupción, como se sugirió en el comunicado oficial al referir que la decisión de separarlo de su cargo era “parte del combate a la corrupción”.

Las razones plasmadas en la carpeta que le fue iniciada hacen referencia a decisiones de criterio que, ni siquiera en el ámbito federal, han podido ser revocadas.

Ha sido objetivo central en el actual gobierno, el de asumir el control de los órganos y poderes supuestamente autónomos, y el Poder Judicial del Estado es claro ejemplo de ello. La magistrada presidente, Aurelia Jiménez, ha salido a las calles, sin el menor rubor, para responder al llamado del presidente López Obrador e, incluso, posa en fotografías con el gobernador Cuitláhuac García, a quien le da trato de “jefe”.

Esa es la justicia que se les imparte a los veracruzanos.

Epílogo.

Y a propósito de justicia de consigna, el exalcalde de Tierra Blanca, Tito Delfín Cano, obtuvo un amparo que deja sin efectos la vinculación a proceso que le fue dictada en diciembre de 2021 por lo que el juez de control tendrá que reponer la audiencia y subsanar las inconsistencias detectadas por el juez de Distrito. *** La justicia federal le otorgó el amparo 1133/2022 a Tito Delfin (excandidato a la dirigencia estatal del PAN) pues determinó que el juez de control vulneró sus derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica. *** En la suspensión se precisa que el juez de control de Pacho Viejo no precisó las razones, ni los datos de prueba que lo llevaron a determinar que existe la probabilidad de que Tito Delfín haya participado en los delitos que se le atribuyen. *** Sólo refirió, de manera genérica, que para él (el juez de control) existen elementos suficientes para justificar el proceso en su contra sin señalar cuáles eran esos elementos. *** El juez de Distrito indicó que el actuar del juez de control “imposibilita la defensa de Tito Delfín, pues desconoce las razones por las cuales considera que se actualizan los delitos de incumplimiento de un deber legal, fraude y abuso de autoridad”. *** La sentencia de amparo ordena dejar sin efectos el auto de vinculación a proceso dictado en diciembre de 2021 y dispone que, en su lugar, se dicte uno nuevo en el que analice de manera específica los hechos y conductas que se le atribuyen al imputado. *** La noche del miércoles se suscitó una persecución y balacera en el bulevar Manuel Ávila Camacho de Boca del Río (la zona hotelera) que dejó como saldo la muerte de una mujer. *** Al cuestionar al gobernador sobre estos hechos, respondió que se trató de un enfrentamiento entre narcomenudistas. *** “La Fiscalía ya tiene indicios (…) Tenemos una sola línea de investigación (que) apunta a que esta persona que pierde la vida tiene IPH (Informe Policial Homologado) en Nuevo León por narcomenudeo. Entonces investigamos a quién le interesa privar de la vida a una persona así. Todo apunta al grupo delictivo que quiere el control de la plaza, hablo de los grupos delictivos; la línea de investigación va para allá”. *** Como si atribuir los hechos a los grupos delictivos fuera suficiente para archivar la investigación.

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