Primero el futbol
Punto de Vista/Por Filiberto Vargas Rodríguez.
Prefacio.
¿Habrá sido buen negocio para la entonces llamada Procuraduría General de la República, el concretar un criterio de oportunidad con el extesorero de Veracruz Tarek Abdalá? *** Todo parece indicar que no. Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal determinaron que Tarek Abdalá Saad no puede ser castigado por la ley, por su participación en la red de empresas fantasmas, mediante las cuales se desviaron miles de millones de pesos. *** Los togados advirtieron que Tarek Abdalá acordó con la Procuraduría General de la República convertirse en testigo contra su exjefe, el gobernador Javier Duarte de Ochoa. *** Con la firma de dicho criterio de oportunidad, se acordó que no sería perseguido por ningún delito cometido durante su gestión como tesorero del Estado de Veracruz y, por tanto, los magistrados ratificaron una sentencia previa de una juez federal, en el sentido de echar abajo la orden de aprehensión que un Juez de Control con sede en Pacho Viejo había girado en su contra. *** La orden de aprehensión en contra de Tarek Abdalá fue girada el 16 de abril de 2020 por Gregorio Esteban Noriega Velasco, juez de control adscrito a Pacho Viejo. La Fiscalía de Veracruz solicitó el mandamiento judicial por los presuntos delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, incumplimiento de un deber legal y coalición en agravio del DIF Veracruz. *** Se entiende que la información aportada por Antonio Tarek fue importante para aprehender y negociar una sentencia contra el exgobernador. *** Sin embargo, Javier Duarte está a punto de obtener su libertad, y gracias a ese acuerdo, Tarek Abdalá evadió imputaciones por el presunto desvío de 55 mil millones de pesos, pues su nombre aparecía en 32 carpetas de investigación y en 11 averiguaciones previas.
La puntualidad y el cumplimiento de los compromisos no son virtudes que se les puedan atribuir a los servidores públicos emanados de Morena.
Tampoco, por supuesto, el respeto a las instituciones.
Primero fue el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González quien, con el argumento de que recibió un mensaje “irrespetuoso” de un diputado, decidió cancelar su comparecencia para explicar las fallas en la seguridad interna que tuvieron como consecuencia el hackeo de sus servidores.
Después fue la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, quien respondió a un citatorio del Senado con el argumento de que “tenía su agenda ocupada”.
En Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García le pidió al Congreso local que cambiara la fecha de su comparecencia (que fue propuesta por la bancada de Morena y aprobada por el Pleno) porque el 15 de diciembre (día que se le programó) iba a estar “muy ocupado”.
Y para colmo, el secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga, les pidió a los legisladores locales que “lo aguantaran un ratito” y los invitó a seguir las incidencias del enfrentamiento entre la Selección Mexicana y su similar de Polonia ahí mismo, en la sede del Congreso.
Pero ese desinterés por su obligación de informar a los representantes populares de lo que su área realizó durante el presente año, quedó aún más patente cuando admitió que no llevaba toda la información y pidió 48 horas para dar respuesta a los cuestionamientos.
Poco le importó al funcionario estatal que el propio coordinador de la bancada de Morena, y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Juan Javier Gómez Cazarín, apenas horas antes hubiera hecho el exhorto a los servidores públicos de que acudieran bien preparados al recinto legislativo.
“Lo correcto es que deben traer la información, y aprovecho, a través de los medios, para pedirles que traigan los datos actualizados de lo que han hecho en las dependencias a su cargo”, les dijo Gómez Cazarín.
Pero al titular de Seguridad Pública poco le importó ese llamado.
Como suele suceder en estas comparecencias, la bancada priista mostró que se había preparado, y con los documentos en la mano cuestionó al servidor público.
El diputado Marlon Ramírez dio a conocer que el gobierno del estado sigue asignando contratos a empresas de reciente creación, y como ejemplo mostró que en la Secretaría de Seguridad Pública, le fue asignado un contrato por más de 40 millones de pesos a una persona registrada como secretaria, en la Secretaría de Educación de Veracruz
El diputado priista detalló que, de acuerdo al portal de transparencia, Araly Rodríguez Vez, trabaja como secretaria en la SEV, con un sueldo mensual de 7 mil 200 pesos y, sin embargo, hace jugosos negocios con la Secretaría de Seguridad Pública.
“En la Secretaría a su cargo, se le han entregado contratos por ventas de uniformes por 40 millones de pesos; aquí están los contratos que suscribieron. ¿No considera usted que existe un conflicto de intereses cuando a una persona con un sueldo de 7 mil 200 pesos se le entregan contratos del orden de los 40 millones de pesos?”, le cuestionó el diputado.
Y fue más allá:
“Desde que esta administración llegó, ha sido bandera del grupo político que la encabeza hablar de honestidad y combate a la corrupción. Pero en todas las dependencias del gobierno del estado se han entregado contratos a empresas de nueva creación”.
Cuauhtémoc Zúñiga no supo qué responder. Con evidente nerviosismo dijo –sin mostrar documento alguno- que en esta administración se ha cumplido a cabalidad con la transparencia y honestidad en el manejo de recursos.
“En los temas que acaba de comentar voy a investigar sobre la persona que usted menciona, en virtud de poder existir un homónimo y se lo haré saber dentro de las 48 horas siguientes”.
Y no fue la única interrogante que dejó de responder. Tampoco supo explicar cuál es el destino de los 27.7 millones de litros de combustible que Pemex le ha donado al gobierno estatal, en especial al área de Seguridad Pública, ni el tiempo que tardan las patrullas en los talleres de mantenimiento.
Aunque, claro, si le hubieran preguntado sobre el funcionamiento de la Selección Mexicana, con seguridad habría podido calificar a cada uno de los jugadores del equipo tricolor.
- ¿Y la inseguridad?
- Esa ya se acabó.
Epílogo.
Y horas antes de que el secretario de Seguridad Pública compareciera en el Palacio Legislativo para ver a la Selección Mexicana, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández, informó que la Unidad Especializada en Combate al Secuestro obtuvo vinculación a proceso en Papantla, contra Alan René “N” y Luis Ángel “N”, elementos activos de la Fuerza Civil (corporación de Seguridad Pública, bajo el mando de Cuauhtémoc Zúñiga) como presuntos responsables del delito de secuestro agravado. *** Cada vez se conocen más detalles de las trampas a las que suele recurrir el secretario de Finanzas del gobierno estatal, para favorecer a los intereses de su jefe, el gobernador. *** Además de la cada vez más recurrente práctica de “ahorcar” a los organismos autónomos, y de tapar el déficit presupuestal con más deuda, ahora se sabe que también se simulan las solventaciones a las observaciones que le hace la Auditoría Superior de la Federación (ASF). *** La Contraloría General del Estado, a través del oficio CGE/0494/2021, conminó al titular de finanzas, José Luis Lima, a cumplir cabalmente con la aclaración de las observaciones que se le han hecho. *** «De acuerdo a lo señalado en el oficio que nos ocupa, la entrega de información fuera de plazo establecido por la ASF, así como la negativa a entregarla o los actos de simulación que se presentan para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora, serán sancionados en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y las leyes penales que resulten aplicables”, le advierte la contralora. *** Va alegar que no entendemos de finanzas públicas y que el documento es un “mero formulismo”. Ajá.
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